La educación es la fuerza que debe impulsar a Chile al pleno desarrollo. Tal convicción motivó a las autoridades a dar un paso crucial en favor de la igualdad de oportunidades para acceder a la educación superior, al impulsar, en 2005, el Sistema de Créditos con Garantía Estatal Para Estudios Superiores así como la institución que lo administra, Comisión Ingresa.
Hasta entonces, tenían derecho a crédito -el Fondo Solidario de Crédito Universitario- sólo los alumnos de las 25 universidades tradicionales agrupadas bajo el alero del Consejo de Rectores. El resto -la mayoría (58% de los estudiantes de educación superior en ese entonces)- no tenía acceso a este tipo de financiamiento, aunque tuvieran dificultades económicas, por el sólo hecho de cursar sus estudios en una institución privada, ya sea una universidad, un instituto profesional o un centro de formación técnica.
Desde esa perspectiva, la Ley 20.027, promulgada el 1 de junio de 2005, respondió a la esperanza de muchas familias y abrió las puertas de la educación superior a miles de jóvenes que se han esforzado en sus estudios y que necesitan apoyo económico para iniciar o continuar una carrera. Asimismo, al limitar la participación en el sistema a instituciones acreditadas, favoreció la convergencia entre igualdad de oportunidades y calidad.
El resultado, en los hechos, es que desde su puesta en marcha, en 2006, han obtenido el Crédito con Garantía Estatal para Estudios Superiores más de 170 mil alumnos y alumnas.
Otorgar este beneficio representa una apuesta que hacen tanto el Estado -en representación de todos los chilenos- como los centros de estudios participantes del Sistema, al talento de estos estudiantes, atendiendo la certeza de que su formación profesional o técnica es importante para el desarrollo de Chile y para el progreso personal de cada uno de ellos.